La reciente conmemoración del 49º aniversario del golpe de Estado en Argentina ha puesto de manifiesto una profunda fractura en la sociedad. El 24 de marzo de 2025, cientos de miles de argentinos salieron a las calles para participar en la tradicional Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Este año, sin embargo, la manifestación adquirió un significado especial ante lo que muchos consideran un preocupante giro en la política oficial sobre la dictadura militar de 1976-1983 bajo el gobierno de Javier Milei.
El revisionismo histórico promovido por el gobierno de Milei
La administración de Javier Milei ha iniciado lo que muchos analistas denominan una “batalla memorial” sobre los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina. Lejos de mantener los consensos históricos alcanzados tras el retorno a la democracia, el presidente argentino ha emprendido un camino de cuestionamiento sistemático de la narrativa oficial sobre aquel período oscuro.
El mismo día de la conmemoración, el gobierno difundió un polémico video de diecinueve minutos a través de los canales oficiales de la presidencia. En él, Agustín Laje, reconocido ideólogo de la ultraderecha argentina, expone la teoría de la “memoria completa”, equiparando la violencia de organizaciones civiles armadas con los crímenes perpetrados por el Estado durante la dictadura.
Esta postura representa una ruptura con décadas de políticas de derechos humanos en Argentina. Como analizamos en el primer año del experimento libertario de Milei, su gobierno ha calificado públicamente las políticas de derechos humanos como una “estafa” y ha cuestionado la cifra oficial de 30.000 desaparecidos durante la dictadura.
El intento de reescribir la historia ha generado una fuerte resistencia por parte de organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas, quienes ven en estas acciones una peligrosa relativización de los crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente por agentes estatales durante aquel período.
La respuesta ciudadana ante el negacionismo oficial
La masiva movilización del 24 de marzo no solo conmemoró el aniversario del golpe militar, sino que también constituyó una contundente respuesta ciudadana al discurso negacionista que promueve el gobierno actual. La Plaza de Mayo en Buenos Aires y numerosas plazas en todo el país se llenaron de manifestantes de todas las edades unidos bajo el lema “No al negacionismo de Javier Milei”.
Esta marcha, que ya forma parte del calendario cívico argentino, cobró este año un significado especial. Los participantes denunciaron lo que consideran un “negacionismo de Estado” que busca equiparar actos de violencia política ocurridos hace cinco décadas con el terrorismo sistemático ejecutado por el aparato estatal durante la dictadura.
Para los organismos de derechos humanos, resulta particularmente alarmante la falsa equivalencia entre los ataques perpetrados por organizaciones armadas civiles y los secuestros, torturas, desapariciones y apropiación de bebés llevados a cabo sistemáticamente por las fuerzas estatales bajo un plan organizado de exterminio.
La masiva participación ciudadana demuestra que, a pesar de los intentos gubernamentales por relativizar el pasado, gran parte de la sociedad argentina mantiene viva la memoria histórica y defiende los consensos democráticos construidos durante décadas en torno a la dictadura y sus crímenes.
Un desafío a los consensos democráticos establecidos
Desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina había logrado establecer ciertos acuerdos básicos sobre su pasado reciente. Los juicios por delitos de lesa humanidad, la recuperación de la identidad de niños apropiados y las políticas de memoria constituyeron pilares fundamentales de la reconstrucción democrática del país.
El discurso oficial actual representa un desafío directo a estos consensos laboriosamente construidos. Al cuestionar cifras oficiales de desaparecidos y relativizar la responsabilidad estatal en la violación sistemática de derechos humanos, el gobierno de Milei parece querer instalar una nueva interpretación de aquel período histórico.
Esta postura no solo afecta la comprensión del pasado, sino que tiene implicaciones directas en el presente. Las políticas de memoria, verdad y justicia han sido fundamentales para fortalecer las instituciones democráticas argentinas y prevenir la repetición de atrocidades similares.
El aparente intento de equiparar a víctimas y victimarios representa, para muchos argentinos, un peligroso retroceso que podría debilitar los mecanismos de protección de derechos humanos conquistados tras décadas de lucha social y política.
Los riesgos de reinterpretar el pasado traumático
El enfoque adoptado por la administración Milei plantea serios interrogantes sobre el futuro de la política memorial en Argentina. Al cuestionar verdades históricas ampliamente documentadas, el gobierno actual no solo minimiza el sufrimiento de miles de víctimas y sus familias, sino que también debilita los fundamentos éticos de la democracia argentina.
Los especialistas advierten que esta revisión histórica podría tener consecuencias graves para la cohesión social y la salud democrática del país. La experiencia internacional demuestra que las sociedades que no procesan adecuadamente sus pasados traumáticos suelen enfrentar obstáculos significativos para construir un futuro democrático sólido.
Para las nuevas generaciones que no vivieron la dictadura, resulta particularmente importante mantener viva la memoria histórica como vacuna contra el autoritarismo. La presencia de jóvenes en las manifestaciones del 24 de marzo sugiere que, a pesar de los intentos oficiales por reinterpretar el pasado, la transmisión intergeneracional de la memoria colectiva sigue activa.
Mientras el gobierno actual intenta instalar su versión de los hechos, la sociedad civil argentina parece decidida a defender las conquistas en materia de verdad, memoria y justicia que han definido el proceso democrático del país durante las últimas cuatro décadas.
