En un giro político significativo para Argentina, el Senado ha rechazado dos candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para ocupar las vacantes en la Corte Suprema. Este rechazo, ocurrido el 3 de abril de 2025, marca un importante revés para la administración del mandatario ultraliberal y pone de manifiesto las tensiones existentes entre los poderes ejecutivo y legislativo del país sudamericano.
Crisis institucional tras el rechazo a los candidatos judiciales
El pasado jueves 3 de abril, la cámara alta del Congreso argentino votó en contra de la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos magistrados seleccionados por el presidente Milei para integrar el máximo tribunal de justicia. Ambos candidatos fueron rechazados por amplia mayoría: 44 votos contra Lijo y 51 contra García-Mansilla, evidenciando la falta de respaldo parlamentario a las propuestas presidenciales.
Debemos recordar que el presidente Milei había optado inicialmente por la vía institucional tradicional para estas designaciones, tal como establece la Constitución. Sin embargo, ante lo que consideró como “inacción deliberada” del Senado, en febrero decidió nombrar a estos jueces mediante decreto presidencial, una medida extraordinaria que generó controversia en el ámbito jurídico y político.
La situación se tornó particularmente tensa cuando desde la Casa Rosada se denunció una supuesta “politización de la justicia”, señalando este fenómeno como uno de los principales obstáculos para que los argentinos puedan contar con un sistema judicial eficiente. Estas declaraciones incrementaron la fricción entre el Ejecutivo y los sectores de oposición en el Congreso.
El rechazo definitivo ocurrió a pesar de intensas negociaciones entre representantes del gobierno y los partidos considerados “abiertos al diálogo”, principalmente de centro-derecha. Estas conversaciones se extendieron hasta momentos antes de la votación y precedieron al viaje oficial del presidente Milei a Estados Unidos, lo que aumentó la presión política sobre el resultado.
Perfiles controvertidos de los candidatos a la Corte Suprema
Los perfiles de los candidatos propuestos por Milei para la Corte Suprema generaron amplio debate en la sociedad argentina desde su anuncio. Ariel Lijo, juez federal con especialización en casos de corrupción, y Manuel García-Mansilla, académico de tendencia conservadora y conocido por su postura contraria al aborto, representaban opciones que dividían opiniones tanto entre juristas como en la ciudadanía.
La designación de estos magistrados resultó particularmente polémica en Argentina cuando Milei nombró a estos jueces controvertidos para el máximo tribunal. Las críticas provinieron de diversos sectores, incluyendo asociaciones de abogados, organizaciones de derechos humanos y grupos feministas que cuestionaron la idoneidad de los candidatos para integrar un órgano de tanta relevancia institucional.
La Corte Suprema argentina actualmente cuenta con dos vacantes de un total de cinco asientos, tras las salidas ocurridas en 2021 y 2024. Esta situación ha generado preocupación sobre el funcionamiento del máximo tribunal en un contexto de alta litigiosidad y complejos casos pendientes de resolución que afectan al panorama político y económico del país.
Nos encontramos ante un escenario donde el gobierno de Milei, cuya formación política cuenta únicamente con siete representantes entre los 72 miembros del Senado, enfrenta importantes obstáculos para impulsar sus designaciones. La Constitución argentina exige una mayoría calificada de dos tercios para la aprobación de jueces supremos, un umbral difícil de alcanzar sin amplios consensos políticos.
Desafíos del sistema judicial argentino en un contexto polarizado
El rechazo a estos candidatos ocurre en un marco de profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema judicial. Según encuestas realizadas a finales de 2023, un alarmante 92% de los argentinos manifestó no tener confianza en la justicia, cifra que refleja la percepción generalizada sobre ineficiencia, lentitud y politización del poder judicial.
Tanto el gobierno como la oposición se acusan mutuamente de instrumentalizar políticamente a la justicia. Esta dinámica ha contribuido a la prolongación de procesos judiciales importantes y ha dificultado la implementación de reformas estructurales necesarias para mejorar el funcionamiento del sistema.
El episodio del rechazo senatorial a los candidatos propuestos por Milei se suma a otros reveses institucionales experimentados por su administración. Recientemente, el Parlamento argentino había abrogado por primera vez un decreto presidencial, marcando así un patrón de contrapesos institucionales activados frente a las iniciativas del Ejecutivo.
Nos enfrentamos a un panorama complejo donde la renovación del máximo tribunal se ve obstaculizada por las dinámicas políticas, mientras los problemas estructurales del sistema judicial permanecen sin solución. La falta de medios adecuados, la sobrecarga de casos y la percepción de parcialidad continúan erosionando la confianza ciudadana en este poder fundamental del Estado.
Impacto político para la administración de Milei
El rechazo a estos nombramientos representa un significativo revés político para el presidente Milei, quien ha debido enfrentar crecientes dificultades para implementar su agenda de gobierno sin contar con mayorías parlamentarias. Esta situación pone en evidencia los límites del poder presidencial en un sistema republicano con división de poderes efectiva.
La decisión del Senado pone al gobierno en la disyuntiva de presentar nuevos candidatos que puedan generar mayor consenso o mantener la confrontación institucional. Cualquier camino elegido tendrá implicancias para la gobernabilidad y para la percepción pública sobre la capacidad del presidente para construir acuerdos políticos en temas de relevancia institucional.
Nos encontramos, por tanto, ante un momento definitorio para la relación entre los poderes del Estado en Argentina, con un sistema judicial en crisis de legitimidad atrapado en medio de las tensiones políticas que caracterizan el escenario actual del país sudamericano.
