En Argentina, estamos presenciando un inquietante giro hacia políticas de seguridad que amplían considerablemente el poder policial. El reciente decreto firmado por el presidente Javier Milei marca un punto de inflexión en la relación entre las fuerzas del orden y el sistema judicial argentino. Nos encontramos ante una situación donde las libertades civiles parecen ceder terreno frente a un enfoque cada vez más autoritario de la seguridad pública.
Poderes extraordinarios para las fuerzas policiales argentinas
El gobierno de Milei ha implementado medidas que otorgan facultades sin precedentes a la policía federal argentina. Ahora, los agentes pueden detener y privar de libertad a cualquier persona simplemente por la sospecha de una posible intención delictiva. Lo más alarmante es que pueden mantener a estos sospechosos incomunicados durante las primeras diez horas sin informar a ninguna autoridad judicial.
Esta modificación representa un cambio radical respecto al sistema anterior, donde existía la obligación de notificar inmediatamente al poder judicial sobre cualquier detención. Además, la policía federal ha recibido autorización para crear bases de datos de posibles sospechosos, realizar vigilancia digital y ejecutar registros preventivos sin necesidad de contar con una orden judicial previa.
El decreto también introduce una preocupante ambigüedad en cuanto al uso de armas de fuego. Los agentes podrán disparar para “asegurar la defensa oportuna de las personas”, una formulación que carece de precisión y podría conducir a un uso desproporcionado de la fuerza letal. Esta discrecionalidad otorgada a las fuerzas policiales plantea serias dudas sobre la protección de derechos fundamentales en situaciones de intervención policial.
Estas medidas no solo transforman el papel de la policía en la sociedad argentina, sino que alteran profundamente el equilibrio de poderes al restar importancia al control judicial sobre las actividades policiales. Nos preguntamos si este es el inicio de un estado policial donde la vigilancia preventiva se convierte en la norma, eliminando garantías procesales fundamentales para los ciudadanos.
Libertarianismo autoritario: la contradictoria ideología de Milei
El presidente argentino se autodenomina “el loco” y se presenta como un político “antisistema” que defiende principios libertarianos. Sin embargo, sus políticas revelan una interpretación muy particular de esta filosofía política. El libertarianismo tradicional aboga por un Estado mínimo y la máxima protección de las libertades individuales, pero la versión de Milei parece combinar estos principios con tendencias claramente autoritarias.
Por un lado, su administración ha recortado drásticamente el presupuesto destinado a servicios esenciales como salud y educación, siguiendo la lógica libertariana de reducir el tamaño del Estado. Por otro lado, ha fortalecido significativamente el aparato de seguridad estatal y ampliado sus capacidades de control sobre la población, una contradicción evidente con los principios de libertad individual que dice defender.
Esta paradoja nos muestra que el proyecto político de Milei no es simplemente libertariano, sino que incorpora elementos autoritarios que favorecen un control estatal reforzado en ciertos ámbitos. El resultado es un modelo híbrido donde el Estado se retira de la protección social pero incrementa su presencia represiva, creando lo que podríamos denominar un “libertarianismo autoritario”.
Esta combinación ideológica refleja una tendencia global donde líderes que se presentan como defensores de la libertad individual implementan simultáneamente medidas que restringen derechos civiles en nombre de la seguridad. En el caso argentino, la retórica libertariana sirve como justificación para políticas que, paradójicamente, podrían conducir a un Estado más intrusivo en ciertos aspectos de la vida ciudadana.
Resistencia y preocupaciones sobre el futuro democrático
Las organizaciones de derechos humanos han reaccionado con firmeza ante este decreto. Múltiples entidades han denunciado que estas medidas son inconstitucionales y ya han iniciado acciones legales con la esperanza de que la Corte Suprema las invalide. Existe un temor generalizado de que estas disposiciones sean solo el comienzo de una estrategia más amplia para silenciar a los opositores políticos.
Amnistía Internacional ha expresado que estas medidas forman parte de una ofensiva gubernamental destinada a “censurar, intimidar e inhibir las voces disidentes”. La preocupación central es que el decreto pueda utilizarse como herramienta para criminalizar a organizaciones sociales y personas que manifiesten su desacuerdo con las políticas oficiales.
Este estrechamiento del espacio cívico representa una amenaza significativa para la salud democrática de Argentina. La historia latinoamericana nos ha enseñado que cuando los poderes policiales se expanden sin controles judiciales adecuados, suelen producirse abusos sistemáticos contra activistas, periodistas y opositores políticos.
Nos encontramos en una encrucijada donde la sociedad civil argentina debe defender activamente los principios democráticos frente a medidas que podrían conducir a un régimen cada vez más autoritario. El desafío consiste en preservar un equilibrio entre seguridad y libertades civiles, evitando que la lucha contra el crimen se convierta en pretexto para la persecución política.
La resistencia de las organizaciones de derechos humanos y los recursos legales presentados serán cruciales para determinar si Argentina mantiene su compromiso con los valores democráticos o si continúa avanzando hacia un modelo de estado policial donde el poder ejecutivo concentra facultades extraordinarias para vigilar y controlar a la población sin supervisión judicial.
