En Argentina, la administración de Javier Milei continúa su política de recortes estatales con una nueva y controvertida decisión. El gobierno ha anunciado la disolución de Vialidad Nacional, el organismo público encargado del mantenimiento y construcción de las rutas nacionales argentinas durante casi un siglo. Esta medida, tomada el 7 de julio de 2025, forma parte de la estrategia de Milei para “combatir la corrupción” y reducir el aparato estatal. Sin embargo, el anuncio ha generado fuertes reacciones por sus posibles consecuencias en la seguridad vial y el empleo.
La disolución de Vialidad Nacional y sus implicaciones inmediatas
La decisión del gobierno de Milei representa un cambio radical en la gestión de la infraestructura vial argentina. Vialidad Nacional, institución responsable de mantener más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, desaparecerá como entidad independiente. Sus funciones serán distribuidas entre el Ministerio de Economía y el de Seguridad, siguiendo la lógica de recorte estatal que caracteriza a la administración actual.
Esta medida se produce en un contexto preocupante, ya que numerosas quejas sobre el deterioro de las principales carreteras del país habían sido registradas en los últimos meses. El abandono del mantenimiento vial, iniciado cuando Milei detuvo todas las obras públicas al asumir el poder a finales de 2023, ha dejado las rutas en condiciones cada vez más precarias.
Más allá del impacto en la infraestructura, la disolución tendrá consecuencias directas para más de 5.000 trabajadores que perderán sus empleos. Esta situación agrava la crisis laboral que ya enfrenta el país, donde Milei busca préstamos del FMI sin pasar por el Congreso, generando tensiones adicionales en el ámbito político y económico nacional.
La justificación oficial para esta drástica medida se centra en la lucha contra “décadas de despilfarro y corrupción” que habrían dejado las rutas en un estado de deterioro sin precedentes. No obstante, muchos analistas cuestionan si la eliminación completa del organismo, en lugar de su reforma, es la estrategia más adecuada para resolver estos problemas.
Privatización masiva del sistema vial argentino
El verdadero objetivo detrás de la disolución de Vialidad Nacional parece ser la privatización del sistema vial argentino. Según análisis de medios como El País América, el gobierno de Milei busca avanzar hacia un modelo donde las empresas privadas asuman la responsabilidad del mantenimiento y explotación de las carreteras nacionales.
Esta tendencia privatizadora ya había comenzado a manifestarse el mes pasado, cuando el gobierno lanzó una licitación para vender los primeros 741 kilómetros de rutas nacionales. Sin embargo, este primer intento fracasó al no encontrar empresas interesadas, lo que plantea dudas sobre la viabilidad del plan a gran escala.
A pesar de este revés inicial, el portavoz del palacio presidencial ha anunciado que el gobierno abrirá próximamente una nueva licitación para otros 9.120 kilómetros de carreteras. Esta ambiciosa iniciativa busca transferir al sector privado una parte significativa de la red vial nacional, representando más del 22% del total de los 40.000 kilómetros administrados anteriormente por Vialidad Nacional.
El proceso de privatización plantea interrogantes sobre el futuro del acceso a las vías de comunicación en Argentina. Los críticos temen que la implementación de peajes en rutas anteriormente gratuitas pueda afectar la movilidad de amplios sectores de la población, especialmente en regiones con menor desarrollo económico donde las alternativas de transporte son limitadas.
Preocupaciones sobre seguridad vial y consecuencias a largo plazo
La disolución de Vialidad Nacional genera serias preocupaciones sobre la seguridad vial en Argentina. El deterioro de las carreteras, ya notable antes de esta decisión, podría agravarse durante el período de transición hacia el nuevo modelo de gestión, aumentando el riesgo de accidentes mortales.
Especialistas en seguridad vial han advertido que el abandono del mantenimiento adecuado de las rutas “va a aumentar el número de muertes” en accidentes de tránsito. Esta preocupación se fundamenta en la correlación directa entre el estado de las carreteras y la siniestralidad vial, documentada en numerosos estudios internacionales.
La incertidumbre sobre quién asumirá la responsabilidad del mantenimiento vial a corto plazo representa un riesgo adicional. Mientras se completan los procesos de licitación y las empresas privadas potencialmente interesadas evalúan la rentabilidad de las diferentes rutas, podría producirse un vacío en la gestión que agravaría el deterioro de la infraestructura.
Además, surgen dudas sobre la capacidad de fiscalización que tendrá el Estado sobre las empresas concesionarias. La experiencia histórica con privatizaciones anteriores en Argentina muestra resultados mixtos, con casos de mejora en la calidad del servicio pero también situaciones donde las empresas privadas han priorizado la rentabilidad sobre la inversión en mantenimiento.
Esta decisión se enmarca en la visión económica de Milei, caracterizada por una drástica reducción del Estado y la transferencia de sus funciones al sector privado. Sin embargo, en el caso de infraestructuras críticas como la red vial, este enfoque podría tener consecuencias no deseadas en términos de seguridad pública, conectividad territorial y desarrollo económico regional.
