Capacitaciones en temática de género en el marco de la Ley Micaela

Actualidad 09/03/2022
"Queremos dar un claro mensaje de responsabilidad y compromiso en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”, dijo Mariano Ojeda.
Capacitación Ley Micaela (1)

   En el marco de la conmemoración por el “Día Internacional de la Mujer”, la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, a través de su Área de Políticas de Género, comenzó a brindar las capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles, como lo establece la “Ley Micaela”.  

   Esta primera jornada, encabezada por el secretario de Desarrollo Social, Mariano Ojeda, tuvo lugar en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Coronel Rosales.  

   Como lo establece la Ordenanza Municipal 3.923, sancionada el 25 de junio de 2020, las profesionales del Área Municipal de Políticas de Género son las encargadas de brindar estas capacitaciones que se iniciaron con orientación a las personas que trabajan en las oficinas públicas del Estado municipal.  

   “Son un nuevo aporte que estamos dando para garantizar los derechos y la protección de todas las mujeres rosaleñas”, dijo Ojeda.  

   “En este Día Internacional de la Mujer, y desde el ámbito del HCD donde está representada la comunidad rosaleña, queremos dar un claro mensaje de responsabilidad y compromiso en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”, añadió el funcionario.

¿Qué es la Ley Micaela?  

   La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (N° 27499) es una norma promulgada en Argentina en 2018, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina.  

   Fue resultado de la movilización social tras el femicidio de la adolescente Micaela García, en 2017, y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género.

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