En Puerto Madryn, una ciudad costera de más de 100.000 habitantes situada en la provincia argentina de Chubut, estamos presenciando un fenómeno que refleja la nueva política económica del país. Los vecinos se ven obligados a endeudarse para financiar el asfaltado de sus propias calles, consecuencia directa de las drásticas reducciones presupuestarias implementadas por el gobierno de Javier Milei. Este cambio radical en la gestión de infraestructuras públicas está transformando la manera en que se desarrollan las ciudades en la Patagonia argentina, región que ya enfrenta otros desafíos ambientales y económicos significativos.
El impacto de los recortes presupuestarios en las provincias argentinas
Las finanzas provinciales en Argentina están experimentando una transformación sin precedentes. Desde que asumió la presidencia, Milei ha reducido dramáticamente los fondos destinados a los gobiernos provinciales. Las subvenciones federales no obligatorias han disminuido casi un 80%, mientras que las contribuciones obligatorias —aquellas mediante las cuales el Estado devuelve parte de los impuestos recaudados— han bajado un 10% en promedio.
Para la provincia de Chubut, donde se ubica Puerto Madryn, la reducción oficial es del 9,3% en valor real tras considerar la inflación. Sin embargo, debemos señalar que este porcentaje podría ser engañoso. Los métodos utilizados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) para medir la inflación son cuestionables y probablemente subestiman el impacto real de estos recortes en la economía local.
El gobierno nacional se ha distanciado completamente de su responsabilidad en materia de obras públicas. Proyectos ya iniciados han quedado abandonados, y la construcción de infraestructuras esenciales como escuelas, hospitales, carreteras y viviendas públicas ha desaparecido de la agenda política. Esta filosofía de gobierno mínimo se materializa en declaraciones como la que Milei realizó meses atrás: “Si quieren un puente, que lo construyan ellos mismos, sin ayuda del Estado”.
Los municipios, que dependen en gran medida de los presupuestos provinciales, se encuentran ahora sin recursos suficientes para mantener servicios básicos, mucho menos para financiar nuevas infraestructuras. Puerto Madryn, como tercera ciudad más importante de Chubut, no ha podido escapar a esta realidad económica asfixiante.
Autofinanciación vecinal: la nueva normalidad en Puerto Madryn
Ante la crisis presupuestaria, el Concejo Municipal de Puerto Madryn ha tomado una decisión controvertida pero aparentemente inevitable: aprobar una ordenanza que establece la obligación para los ciudadanos de financiar el asfaltado de sus propias calles si desean ver mejoras en su entorno urbano.
Tommaso Grioni, secretario de obras públicas de Puerto Madryn, justifica esta medida: “Hemos tomado esta decisión para compensar la disminución de las ayudas federales. Debemos realizar los trabajos con nuestros propios recursos y es muy difícil”. Esta declaración refleja la desesperación de los gobiernos locales frente al abandono financiero del Estado nacional.
El nuevo sistema implementado consiste en un cofinanciamiento entre el ayuntamiento y los vecinos. Los residentes deben organizarse por cuadras o barrios para solicitar el asfaltado de sus calles. Luego, asumen la responsabilidad de cubrir los costos de los materiales necesarios, mientras que el municipio aporta la mano de obra y la maquinaria.
Para muchas familias, esto representa un gasto inesperado y considerable. Los vecinos se ven obligados a endeudarse o a destinar ahorros que tenían reservados para otros fines como educación, salud o vivienda. Quienes no pueden permitirse esta inversión, simplemente deben resignarse a vivir en calles sin asfaltar, creando así una nueva forma de segregación urbana basada en la capacidad económica.
Una nueva visión del Estado y sus consecuencias sociales
Lo que estamos presenciando en Puerto Madryn no es un caso aislado, sino el reflejo de un cambio fundamental en la concepción del Estado en Argentina. Durante la campaña electoral, Milei y sus partidarios insistieron en que “los vecinos deben organizarse para realizar las obras” que tradicionalmente correspondían al sector público.
Esta filosofía libertaria propone un Estado mínimo que no interviene en áreas que, según esta visión, podrían ser gestionadas por los propios ciudadanos o por el sector privado. Sin embargo, en la práctica, esto está generando profundas desigualdades territoriales.
En barrios donde los residentes tienen capacidad económica suficiente, las calles se pavimentan mediante este sistema de autofinanciación. En cambio, en zonas más vulnerables o periféricas, donde los vecinos apenas pueden cubrir sus necesidades básicas, las infraestructuras urbanas se deterioran sin posibilidad de mejora.
El caso de Puerto Madryn ilustra perfectamente las tensiones que surgen cuando se implementan políticas de austeridad extrema sin considerar sus impactos diferenciados según el territorio y la capacidad económica de sus habitantes. La brecha entre barrios asfaltados y no asfaltados se convierte así en un símbolo visible de la desigualdad social y económica.
Alternativas y resistencias frente al modelo actual
Frente a esta situación, algunos vecinos de Puerto Madryn y otras ciudades argentinas están explorando alternativas comunitarias que van más allá del simple endeudamiento individual. Se están formando cooperativas vecinales que buscan negociar mejores precios con proveedores de materiales o que organizan sistemas de pago escalonado para hacer más accesible la financiación del asfaltado.
También estamos observando movimientos de resistencia que cuestionan la legitimidad de transferir estas responsabilidades a los ciudadanos. Argumentan que los impuestos que ya pagan deberían cubrir estos servicios básicos y que el actual modelo representa una forma de doble tributación injusta.
La situación en Puerto Madryn nos invita a reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo y qué papel debe jugar el Estado en garantizar un desarrollo urbano equitativo. Mientras tanto, los vecinos siguen endeudándose para tener calles pavimentadas, convirtiendo en realidad aquella frase que muchos consideraban una exageración de campaña: “Si quieren infraestructuras, que las paguen ellos mismos”.
