En los últimos meses, hemos sido testigos de un preocupante cambio en Argentina respecto al tratamiento de la memoria histórica. La llegada al poder del presidente Javier Milei ha marcado un punto de inflexión en las políticas de reparación y justicia relacionadas con la última dictadura militar. Mientras algunos sectores de la sociedad argentina continúan luchando por mantener viva la memoria de aquel oscuro período, el gobierno actual parece empeñado en un desmantelamiento silencioso de los mecanismos que garantizan ese recuerdo colectivo.
La memoria amenazada: recortes presupuestarios y sus consecuencias
Bajo el argumento de la necesidad de austeridad fiscal, el gobierno de Milei ha implementado drásticos recortes presupuestarios que afectan directamente a los organismos dedicados a la preservación de la memoria histórica. Los centros de archivo, fundamentales para documentar los crímenes cometidos durante la dictadura, enfrentan reducciones significativas en sus recursos. Esta situación no es casual: forma parte de una política económica más amplia que busca recuperar los “dólares bajo el colchón” de los argentinos, priorizando aspectos financieros sobre los derechos humanos.
Las asociaciones de víctimas y familiares de desaparecidos también han visto mermados sus fondos. Organizaciones que durante décadas han trabajado incansablemente para identificar a los responsables de secuestros, torturas y desapariciones forzadas, ahora se encuentran con serias dificultades para continuar su labor. La reducción de personal y recursos técnicos compromete gravemente la capacidad de estas instituciones para seguir investigando casos pendientes.
Nos preocupa especialmente que estos recortes estén ocurriendo en un momento en que todavía hay familias buscando a sus seres queridos. A pesar de haber transcurrido más de cinco décadas desde el fin de la dictadura, cada año se producen reencuentros entre personas que fueron separadas forzosamente durante aquel período. Sin el apoyo adecuado a los bancos de datos genéticos y otros mecanismos de búsqueda, estas reunificaciones familiares podrían volverse cada vez más infrecuentes.
Justicia interrumpida: procesos judiciales en peligro
Los juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina han sido un ejemplo mundial de perseverancia en la búsqueda de justicia. Sin embargo, este proceso judicial, que ha permitido condenar a numerosos militares y civiles involucrados en la represión, se encuentra ahora amenazado por diversas medidas administrativas y presupuestarias.
La asignación de recursos a tribunales y fiscalías especializadas en derechos humanos ha disminuido considerablemente. Los equipos legales que llevan adelante estas causas complejas deben enfrentar ahora mayores dificultades logísticas y operativas. Muchos casos que estaban próximos a resolverse corren el riesgo de estancarse indefinidamente debido a la falta de medios para continuar con las investigaciones.
Notamos también un cambio en el discurso oficial respecto a estos procesos judiciales. Ciertos funcionarios gubernamentales han comenzado a cuestionar la legitimidad de los juicios, sugiriendo que pertenecen a una “agenda ideológica” del pasado. Esta narrativa no solo desacredita el sufrimiento de las víctimas, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la importancia que el actual gobierno otorga a la justicia transicional.
Los abogados y fiscales que han dedicado sus carreras a estas causas advierten que muchos procedimientos podrían quedar paralizados si continúa esta tendencia. Las pruebas recopiladas durante años de investigación corren el riesgo de perderse o volverse inutilizables si no se garantizan los medios necesarios para su adecuada preservación y análisis.
Resistencia civil: la sociedad frente al olvido impuesto
Frente a este panorama desalentador, diversos sectores de la sociedad argentina han comenzado a organizarse para contrarrestar el desmantelamiento de las políticas de memoria. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, símbolo internacional de la lucha por la verdad y la justicia, continúan manifestándose a pesar de los obstáculos crecientes y su avanzada edad.
Universidades, organizaciones no gubernamentales y colectivos ciudadanos están creando redes alternativas para salvaguardar documentos históricos y testimonios que podrían perderse debido a los recortes. Estas iniciativas buscan garantizar que, independientemente de las políticas gubernamentales, la memoria colectiva sobre los horrores de la dictadura no se desvanezca.
Nos resulta esperanzador ver cómo jóvenes que no vivieron directamente aquel período se involucran activamente en estas causas. A través de manifestaciones culturales, intervenciones artísticas y campañas en redes sociales, las nuevas generaciones demuestran que la memoria histórica sigue siendo relevante para construir una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos.
Los sobrevivientes y familiares de víctimas, lejos de rendirse ante las dificultades actuales, han intensificado sus esfuerzos por preservar y difundir sus testimonios. Cada historia personal compartida constituye un acto de resistencia frente a quienes pretenden relegar estos crímenes al olvido. La solidaridad internacional también juega un papel crucial, con organizaciones de derechos humanos de diversos países expresando su preocupación por lo que ocurre en Argentina.
Este proceso de desmantelamiento silencioso representa un retroceso en la ejemplar trayectoria argentina en materia de justicia transicional. El debilitamiento de los mecanismos de memoria no solo afecta a las víctimas directas, sino que compromete el futuro democrático de todo un país. La historia nos enseña que olvidar los errores del pasado nos condena, inevitablemente, a repetirlos.
