En un giro significativo para la seguridad nacional argentina, el presidente Javier Milei ha ampliado mediante decreto las facultades de la Policía Federal. Nos encontramos ante una reforma que busca transformar esta institución siguiendo el modelo del FBI estadounidense. Esta decisión, firmada el pasado martes, genera tanto expectativas como preocupaciones en la sociedad argentina. ¿Cómo afectarán estos cambios a la vida cotidiana de los ciudadanos? ¿Representan un avance hacia una mayor seguridad o un retroceso en materia de derechos civiles?
Nuevas facultades policiales inspiradas en el modelo norteamericano
El decreto presidencial introduce cambios sustanciales en el funcionamiento de la Policía Federal argentina. Ahora, los agentes podrán retener a sospechosos hasta diez horas sin necesidad de una orden judicial, simplemente basándose en la presunción de un delito. Esta medida representa un cambio radical en los procedimientos de detención que conocíamos hasta ahora.
Durante la presentación de esta reforma, Milei declaró: “Vamos a aprender de Estados Unidos, vamos a aprender de Israel”. Su objetivo es claro: alinear las capacidades de la Policía Federal con los estándares del FBI, transformándola en una fuerza más enfocada en la investigación que en el patrullaje cotidiano.
Las nuevas disposiciones también autorizan los registros corporales en vía pública, así como la revisión de efectos personales y vehículos sin autorización judicial previa. Esto otorga a los agentes un margen de acción considerablemente más amplio para intervenir cuando consideren necesario, sin los trámites burocráticos que anteriormente podían retrasar operativos importantes.
Además, el personal policial podrá hacer uso ostensible de sus armas para garantizar la defensa oportuna, ya sea de terceros o propia. Esta modificación busca dotar a las fuerzas de seguridad de mayor capacidad de respuesta ante situaciones de peligro inminente, aunque ha generado preocupación en Argentina por las medidas autoritarias que alarman a la población y a organizaciones defensoras de derechos humanos.
Vigilancia digital y transformación hacia un modelo investigativo
Un aspecto particularmente controvertido del decreto es la autorización para vigilar “espacios públicos digitales” sin orden judicial previa. Esto incluye redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes de acceso libre. La medida busca modernizar las capacidades de inteligencia de la Policía Federal, permitiéndole monitorear actividades potencialmente delictivas en el entorno digital.
Milei ha enfatizado que esta transformación requiere inversiones significativas. “Haremos las inversiones necesarias”, afirmó durante la presentación, señalando su compromiso con este nuevo rumbo institucional. El objetivo declarado es reorientar la función de la Policía Federal para que se concentre menos en el patrullaje urbano, dejando esta tarea a las policías locales, y más en el desmantelamiento de organizaciones criminales complejas.
Esta reconfiguración de funciones busca especializar a la Policía Federal en investigaciones de mayor envergadura, siguiendo el modelo del FBI. La idea es contar con una fuerza capaz de abordar casos complejos como el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción institucional, con herramientas y metodologías más sofisticadas que las tradicionales.
El contexto de esta reforma no es casual. El decreto entró en vigor justo antes de una manifestación programada en Buenos Aires en solidaridad con Cristina Kirchner, líder opositora que comenzó a cumplir una condena de seis años de prisión domiciliaria. Esta coincidencia temporal ha sido interpretada por algunos sectores como una señal intimidatoria hacia la oposición política.
Reacciones y preocupaciones sobre el impacto en los derechos civiles
Las nuevas medidas han generado reacciones encontradas en la sociedad argentina. Para la organización Coordinación contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el decreto representa “la aniquilación de las libertades democráticas, los derechos y las garantías históricas del pueblo argentino”. Esta visión refleja el temor de que el fortalecimiento de los poderes policiales pueda conducir a abusos y violaciones de derechos fundamentales.
Expertos en seguridad pública y derechos humanos han señalado que, si bien modernizar las fuerzas de seguridad puede ser necesario, es fundamental mantener un equilibrio entre eficacia policial y respeto a las garantías constitucionales. La eliminación de controles judiciales previos para ciertas actuaciones policiales genera inquietud sobre posibles arbitrariedades.
El gobierno de Milei defiende estas medidas como necesarias para combatir la delincuencia organizada y mejorar la seguridad ciudadana. Sin embargo, los críticos argumentan que podrían usarse para criminalizar la protesta social y perseguir a opositores políticos, especialmente considerando el momento político que vive Argentina.
Los próximos meses serán cruciales para evaluar la implementación práctica de estas nuevas facultades. Nos encontramos ante un cambio de paradigma en la seguridad pública argentina, con una Policía Federal que aspira a convertirse en una versión local del FBI, pero en un contexto social y político muy diferente al estadounidense.
El debate continúa abierto: ¿conseguirá Argentina equilibrar la eficacia en la lucha contra el crimen con el respeto a los derechos fundamentales? La respuesta dependerá no solo del marco legal establecido, sino también de cómo estas nuevas facultades sean ejercidas en la práctica cotidiana por los agentes policiales.
